La Abogacía General del Estado de España es el órgano administrativo de la Administración General del Estado, integrado en el Ministerio de Justicia, responsable de dirigir los servicios que prestan asistencia jurídica al Estado y a otras instituciones públicas.^[2]​ El titular de la Abogacía General, con nivel orgánico de subsecretario, dirige el Servicio Jurídico del Estado, formado por funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado.

El abogado general del Estado es nombrado por el rey de España a propuesta del ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. Para ser nombrado abogado general hay que ser de antemano abogado del Estado. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, el ministro de Justicia es responsable de decidir quién lo suple; de no hacerlo, la ley establece que lo harán los directores generales por el orden establecido en el Reglamento de la Abogacía General del Estado.^[3]​ Desde junio de 2018 la abogada general del Estado es Consuelo Castro.^[4]​